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Introducción

La Internacional de la Educación insiste en que la educación es un derecho humano y un bien público, y en que la provisión de una educación pública de calidad a todos los hombres, mujeres, niños y niñas es responsabilidad de los gobiernos. Desde que se llevaron a cabo las negociaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), la IE ha expresado su preocupación por el hecho de que las propuestas para aumentar de forma significativa el ámbito de la liberalización comercial puedan provocar que sean acuerdos mercantiles y comerciales los que rijan los servicios educativos. Por su parte, la IE presionó activamente para que se excluyera al sector educativo del ámbito del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). El AGCS es un acuerdo multilateral que define restricciones en una amplia variedad de medidas gubernamentales que afectan a la comercialización de servicios. Existen motivos convincentes para preocuparse, pues el AGCS supone una amenaza significativa a regulaciones fundamentales de interés público, incluidas las relacionadas con la educación.

La propiedad intelectual y el conocimiento, que se proporcionan a través de la educación, deberían ser accesibles de forma gratuita y equitativa para todos. Cada vez más países encuentran mayores dificultades a la hora de obtener permisos de derechos de autor y pagar los cánones de los materiales que necesitan sus docentes y estudiantes. Por este motivo, la IE manifiesta preocupaciones similares con respecto a la comercialización de la propiedad intelectual, regulada a través del tratadoADPIC.

No obstante, durante los últimos años, se ha firmado un número cada vez mayor de acuerdos de inversión y comercio bilaterales, plurilaterales y regionales fuera del ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMT). Como sucede en el caso del AGCS, dichos acuerdos pueden exponer al sector educativo a presiones relacionadas con la privatización y la mercantilización. Formalmente, estos documentos se centran en el comercio y la inversión que están reduciendo las cuotas y las tarifas arancelarias; sin embargo, sus temas principales engloban la cooperación normativa y la eliminación de las llamadas barreras «no arancelarias» al comercio. El resultado es que estos nuevos acuerdos de comercio e inversión implican riesgos significativos para la educación, las escuelas públicas y otras instituciones educativas, además de para los docentes, estudiantes y sus comunidades.

Política

La Internacional de la Educación y sus organizaciones miembros se oponen a la privatización y comercialización de la educación. Creemos que la educación es un derecho humano y un servicio público, no una mercancía.La comercialización de los servicios educativos genera riesgo de desigualdad, discriminación y aumento de la brecha digital.

El AGCS es un acuerdo de comercio, inversión multilateral y movilidad laboral con efectos de amplio alcance y restricciones a la capacidad de tomar decisiones de los gobiernos nacionales. En el fondo, el AGCS compromete a los miembros de la OMC a una agenda de liberalización, no sólo mediante la eliminación de las barreras al comercio y la inversión en servicios, sino también incitando a los países que ya han privatizado, subcontratado o desregulado sus servicios públicos a cimentar esas liberalizaciones efectuando compromisos en los servicios correspondientes a la educación en el marco del AGCS. En los nuevos acuerdos de comercio e inversión bilaterales, plurilaterales y regionales, como el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG), los efectos y restricciones de amplio alcance en cuanto a la toma de decisiones de los gobiernos nacionales se están ampliando aún más. En concreto,se incluyen nuevas normas y disciplinas, como la cooperación regulatoria y el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (SCIE), con consecuencias comerciales enormes para la educación y otros servicios públicos. Es necesario que la educación, la sanidad y otros servicios públicos queden excluidos de todos los acuerdos bilaterales, plurilaterales y regionales sobre comercio e inversión.

La IE considera que el acuerdo ADPIC defiende, sobre todo, los intereses de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Se requiere un enfoque más equilibrado con respecto a las normas de propiedad intelectual para garantizar que no se limite la utilización legítima de los derechos de autor y de material patentado. Con el fin de proteger y promover el acceso a los materiales didácticos destinados a los docentes y a los estudiantes, todos los países deben tener la posibilidad de mantener o aprobar amplias exenciones en sus leyes nacionales sobre derechos de autor con fines educativos, de investigación o para bibliotecas.

Activi dades

La IE supervisa los acuerdos internacionales sobre comercio e inversión, y trabaja con sus organizaciones miembros para que aumente la concienciación sobre los peligros de la mercantilización de la educación así como para exigir medidas políticas para la exclusión explícita de los servicios educativos del ámbito de los acuerdos de comercio e inversión bilaterales, plurilaterales y regionales.

Además, la IE pone al día con frecuencia a sus organizaciones miembros sobre los acontecimientos relacionados con los principales acuerdos actuales de comercio e inversión bilaterales, plurilaterales y regionales a través de distintos métodos:

• Resoluciones adoptadas por el Congreso Mundial de la IE

• Notas Informativas de la IE sobre los principales acuerdos de comercio e inversión

• Novedades de Educación y Comercio respecto a los últimos acontecimientos

En un ámbito externo, la IE se asocia con organizaciones interesadas igualmente en que la educación y otros servicios públicos queden excluidos de las disposiciones sobre comercio e inversión, y encabeza la labor de presión sobre los negociadores y representantes comerciales nacionales en la Organización Mundial del Comercio, entre otros, para concienciar respecto a los riesgos que representan los acuerdos de comercio e inversión para la educación.