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De acuerdo con los sindicatos de la educación, las modalidades de evaluación del alumnado en 2021 aumentarán la desigualdad y la presión entre estudiantes y docentes en el Reino Unido.

Tanto el National Education Union (NEU) como el NASUWT-The Teachers’ Union han reaccionado negativamente a la decisión del Gobierno del Reino Unido de aplazar tres semanas los exámenes de secundaria de 2021. El secretario de Estado de Educación, Gavin Williamson, hizo el anuncio el pasado 12 de octubre.

NEU: El anuncio es un “abandono de las funciones del Gobierno”

El anuncio supone un “abandono de las funciones del Gobierno con el alumnado, los padres y madres y el personal educativo”, ha señalado Mary Bousted, secretaria general adjunta del National Education Union (NEU) y miembro del Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación.

“El alumnado que tenga que realizar los exámenes del Certificado General de Enseñanza Secundaria y final del Bachillerato el próximo verano está en una situación terrible. Se ha perdido cinco meses de enseñanza presencial, una pérdida que afecta con más gravedad al alumnado desfavorecido, 700 000 de los cuales no tienen conexión a Internet, lo que les niega el acceso al aprendizaje a distancia. Un gran número de estudiantes está perdiendo más clases ahora, ya que tienen que aislarse en casa a la espera de recibir los resultados de las pruebas de la COVID-19. Es completamente injusto y poco realista esperar que este alumnado haga los exámenes sin tener en cuenta el tiempo de enseñanza presencial perdido”.

Una mayor variedad de temas

Bousted destacó que el NEU, junto con otros sindicatos de personal docente y de dirección escolar, había aconsejado al secretario de Estado de Educación que los exámenes del Certificado General de Enseñanza Secundaria y final del Bachillerato se debían modificar de modo que incluyeran una mayor variedad de temas. Esto permitiría examinar al alumnado sobre lo que se le había enseñado, no sobre materias que no había aprendido, según los sindicatos.

Al preguntar por qué el Gobierno realizaba consultas ahora sobre cómo se calificarán los exámenes y cuál sería el plan alternativo en caso de que no pudieran celebrarse, insistió en que los ministros han tenido meses para planificar estas contingencias, las cuales se han vuelto más probables que nunca debido al incremento de casos de COVID-19 en las comunidades.

Bousted afirmó que el anuncio del Gobierno fue “otro pésimo ejemplo de ideología política que supera la realidad práctica”. A su juicio, ello demuestra que este no es un Gobierno que tenga interés en subir de nivel, porque estas decisiones afectarán con más gravedad a las personas más desfavorecidas.

Puede que los exámenes no sean sostenibles

“Para evitar la gran injusticia que un gran número de estudiantes sintió el verano pasado, es fundamental que el Gobierno se replantee su postura de inmediato e introduzca más variedad de temas en los exámenes. Si el Gobierno no se replantea esta cuestión y cambia de opinión rápidamente, los miembros nos dicen que los exámenes, aun con un mayor número de opciones, dejarán de ser sostenibles. En ese caso, la única vía hacia la imparcialidad sería una cancelación total de los exámenes y el uso de decisiones del profesorado sometidas a una fuerte moderación y a un control de calidad externo”, concluía.

La propuesta del NEU relativa a la calificación de los exámenes en 2021, publicada el 5 de octubre con motivo del Día Mundial de los Docentes, se encuentra aquí.

NASUWT: El cambio del calendario de exámenes dará lugar a mayores presiones por los plazos

En respuesta a la declaración de Williamson, Patrick Roach, secretario general del NASUWT-The Teachers’ Union, también ha señalado que: “El anuncio de un aplazamiento de tres semanas en el calendario para la mayoría de los exámenes del Certificado General de Enseñanza Secundaria y final del Bachillerato del próximo año no proporcionará un tiempo adicional significativo al alumnado, cuya preparación para los exámenes ya se ha visto interrumpida durante meses”.

“Es poco probable que el cambio del calendario suponga mucho tiempo de enseñanza adicional por asignatura, y ejercerá una presión notable sobre el sistema de calificación”, declaró. Además, “las mayores presiones por los plazos producto de cambiar el contenido de los exámenes conlleva el riesgo de una reducción en el número de personas dispuestas a trabajar corrigiendo exámenes”, recalcó. “La reducción del contenido de los exámenes y la ampliación del número de elecciones que tiene el alumnado para responder preguntas opcionales también se deben considerar seriamente a fin de disminuir la presión sobre estudiantes y docentes”.

Planes de contingencia difusos

Roach también apuntó que “es igualmente preocupante que el secretario de Estado de Educación no haya precisado ningún detalle sobre los planes de contingencia que se pondrán en marcha en caso de que los exámenes no puedan salir adelante en el calendario revisado del año próximo, ni haya aclarado las medidas que se implantarán para garantizar que el alumnado no se vea perjudicado de ninguna manera por la alta probabilidad de otras interrupciones durante este año académico”.

“No podemos arriesgarnos a repetir el caos que sepultó los resultados de los exámenes de este año. Es imperativo que se desarrollen medidas de contingencia firmes y transparentes, previa consulta con la profesión docente, para abordar el amplio abanico de supuestos posibles en los que las escuelas y el alumnado pueden verse inmersos durante el año próximo, que podrían afectar a los exámenes y a la evaluación imparcial de las competencias del alumnado”, advirtió.