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Desde el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016, la población negra vive un recrudecimiento de la violencia. Con la elección de Jair Bolsonaro en 2018, el racismo se ha convertido prácticamente en una política de Estado. Es un problema que ha existido siempre en el país, pero ahora las personas racistas se dan golpes de pecho y se enorgullecen de practicar sus prejuicios a diario. Por ello, en el contexto de la reciente celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial el 21 de marzo, una fecha importante para la negritud en todo el mundo, esta lucha está adquiriendo tintes dramáticos en Brasil.

Dos casos lo demuestran: el asesinato de João Alberto, en noviembre de 2020, a manos de los guardias de seguridad de un Carrefour en Porto Alegre y la impunidad que aún persiste en torno a la muerte de la política y militante Marielle Franco, en Río de Janeiro, ocurrida en marzo de 2018. Si bien ha habido un aumento del activismo negro, el racismo estructurante dificulta la lectura correcta de esta grave situación que vivimos.

El tiroteo del que fueron víctimas la concejala Marielle Franco y su chófer, Anderson Pedro Gomes, sigue teniendo eco no solo en Brasil, sino en todo el mundo. Y es que los verdugos de Marielle difícilmente podían prever que su legado crecería, que sigue y seguirá inspirando a todas las personas que luchan por la justicia social.

Son casos emblemáticos. Con una historia de esclavitud de más de 300 años, que solo se abolió formalmente en 1888, el racismo está arraigado en la sociedad brasileña y exige una dura batalla por parte de la negritud nacional. Dado que la discriminación racial sostiene la estructura social, política y económica de la sociedad brasileña, es imperativo reaccionar ante la naturalización de las situaciones que provocan el racismo.

Para empezar, es urgente reconocer que se está produciendo un genocidio de la juventud negra brasileña, ante el silencio cómplice de la sociedad. Los datos del Atlas de la Violencia 2018, que recoge las cifras de 2016, mostraron que, de las 61 283 muertes violentas ocurridas en 2016 en Brasil, la mayoría de las víctimas eran hombres (un 92 %), negros (un 74,5 %) y jóvenes (un 53 %, entre 15 y 29 años). No cabe duda de que se trata de una violencia letal e intencionada contra este colectivo.

Jair Bolsonaro está destruyendo todas las políticas que buscan destacar la importancia de la población negra, que representa el 56 % de la población. Durante su gobierno, el reconocimiento de las comunidades quilombolas ha caído al nivel más bajo de la historia. Sin una certificación oficial, estos territorios, que se remontan al periodo colonial y que sirvieron de refugio a las mujeres y los hombres negros, permanecen al margen de las políticas públicas y tienden a convertirse en el objetivo de los conflictos.

Además, con la pandemia de COVID-19, se han acrecentado las conocidas dificultades de este sector de la población para conseguir trabajo. En situación de vulnerabilidad de renta, de vivienda, sin posibilidad de confinarse —algo tan necesario para evitar la propagación del coronavirus—, estas personas están más expuestas al contagio, ya que la necesidad de supervivencia les obliga a realizar largos desplazamientos en los transportes públicos de las grandes ciudades.

Con este gobierno inepto e indiferente, los hombres negros son las víctimas preferidas de la COVID-19 en Brasil: se dan 250 fallecimientos por esta enfermedad por cada 100 000 habitantes, mientras que, entre blancos, la cifra baja a 157 muertes por cada 100 000. Estos datos proceden de una encuesta realizada por la ONG Instituto Polis. Lo mismo ocurre con las mujeres: se produjeron 140 muertes de mujeres de piel negra por cada 100 000 habitantes, frente a 85 fallecimientos de mujeres blancas por cada 100 000.

Este patrón, justificado por las desigualdades sociales y los prejuicios raciales, se repite en otra encuesta, esta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE); las mujeres, los negros y los pobres son los más afectados por esta enfermedad. De cada diez personas que indican presentar más de un síntoma de COVID-19, siete son de tez negra o mestiza.

En los últimos dos años, las autoridades han pronunciado 49 declaraciones racistas, una cuarta parte de ellas fueron pronunciadas por el presidente Jair Bolsonaro. Estos datos son el resultado de una encuesta de la Coordinadora Nacional de Articulación de Comunidades Negras Rurales Quilombolas (Conaq) y de la ONG Tierra de Derechos, que cartografiaron los comentarios racistas de miembros del gobierno federal, de parlamentarios y de miembros del poder judicial entre 2019 y 2020.

Frente al aumento del racismo en Brasil, el día 21 de marzo recordamos nuestro compromiso con la lucha contra el racismo en todo el mundo. Debemos hacernos oír, ampliando los espacios de reflexión y dando visibilidad a la situación de vulnerabilidad a la que se ven sujetos los quilombolas y la juventud negra en las agendas de los distintos segmentos sociales.

La conciencia internacional debe alzarse contra el racismo y esto solo ocurrirá cuando la población negra reaccione a la violencia de la que es objeto. Frente a un gobierno genocida y racista, cuidemos los unos de los otros: protejamos a nuestros jóvenes, a las comunidades quilombolas y a las mujeres. Solo fortaleciendo los movimientos sociales garantizaremos el respeto de la diversidad y haremos que la voz de la población negra se escuche en todos los espacios de nuestra sociedad.