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El 13 de marzo de 2020 se daban a conocer la aparición en nuestro territorio de los primeros casos de COVID-19, ingresando así el Uruguay al contexto mundial de pandemia, lo cual fue oficializado por un Decreto del Poder Ejecutivo que declaró al país en “emergencia sanitaria”.

Días antes, el 1 de marzo de 2020, otro virus comenzaba a azolar el país: la instalación al frente del Gobierno Nacional de una coalición de partidos políticos de derecha y extrema derecha, incluso con manifestaciones fascistas; neoliberal y conservadora; y cuya base social está constituida por aquellos sectores del capital concentrado -especialmente el vinculado al agro negocio y el capital financiero especulativo-, los propietarios de los medios de comunicación masiva y sectores evangélicos.

Desde el punto de vista político, su programa, que representa y expresa los intereses de una clase, tiene como objetivo procesar un ajuste estructural del capital sobre el trabajo, utilizando el shock que ha provocado la pandemia para llevar adelante una serie de reformas estructurales, facilitada por mayorías parlamentarias y apelando a un instrumento de escasa calidad democrática como es una “ley de urgente consideración”.

La Ley de Urgente Consideración(LUC) aprobada en julio de 2020, en el marco de fuertes restricciones sanitarias a la movilización popular y sin un debate ciudadano alguno, constituye el instrumento central del programa de esta “utopía reaccionaria”, promoviendo: un desmantelamiento del Estado y una exaltación del Mercado; el papel preponderante del capital privado al cual se les asegura maximizar sus tazas de ganancias a costa de la inmensa mayoría de nuestro pueblo; y el aumento del carácter represor y punitivo del Estado, limitando o eliminando incluso libertades individuales y colectivas.

En esta Ley, la educación ocupa un lugar central. De los 476 artículos que contiene la norma, 78 corresponden a educación, donde podemos señalar que:

• en consonancia con la concepción de “Estado mínimo” se desmantela el Sistema Nacional de Educación Pública;
• se construye una nueva ingeniería institucional en la cual se subordina la política pública educativa a un férreo control político-partidario y se abren espacios a la participación del sector privado;
• se avanza en definiciones en torno a la privatización de, y en, la educación, así como en su mercantilización;
• se promueve una reforma curricular acorde a los lineamientos establecidos por el Movimiento Global de Reforma Educativa, donde la capacitación en competencias, la desconcentración de responsabilidades hacia las instituciones (llamada eufemísticamente “autonomía de centro”) y la evaluación estandarizada como mecanismo de control son sus rasgos distintivos;
• se erosiona el desarrollo profesional de la actividad docente, reduciendo su autonomía profesional, sometiéndolo a una especie de “vasallaje pedagógico”, incluso en aspectos tales como imponer una única metodología de trabajo, y generar condiciones de precariedad laboral como mecanismo de control.

Desfinanciamiento de lo público

Es importante señalar el papel que tienen aquellos actores que, desde hace años, han ido promoviendo la privatización y mercantilización de la educación. En una lógica evidenciada por investigaciones desarrolladas en nuestro país en la marco de la Respuesta Global de la IE, los promotores de la “privatización de la política educativa pública” como el think-thank Eduy21, a través de sus principales figuras, ocupan los principales puestos en el gobierno de la educación.

Mientras, los medios masivos de comunicación, constructores y distribuidores de sentidos, buscan blindar a los jerarcas de la educación mediante campañas de persecución política, que tienen como objetivo criminalizar a las organizaciones sindicales del sector, sus dirigentes y militantes.

En otro orden, entre agosto y noviembre del 2020 se discutió y aprobó en Uruguay el presupuesto general del Estado. Coherente con el programa impulsado desde la LUC y porque, en última instancia, los presupuestos son la expresión económica-financiera de un programa de gobierno, se produjo un ajuste estructural del gasto público –recortes- que afectó a diferentes áreas. Fue sobre la educación pública, donde estudia el 84% del alumnado desde educación inicial hasta la terciaria, donde recayó el mayor impacto de dicho recorte.

En efecto, una reducción de 0.6% del PIB, unos 360 millones de dólares, se aplicará al presupuesto de las tres principales instituciones públicas educativas al final del quinquenio, siendo la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) y la Universidad de la República (UDELAR) las instituciones más afectadas. Entre los principales componentes de este recorte están: una reducción de la masa salarial (pérdida salarial y reducción de cargos docentes, administrativos y de servicio), menos inversión en infraestructura (construcción y mejora de edificios, compra de equipamiento), recortes en políticas de alimentación escolar o la reducción de la cantidad de estudiantes por grupos como forma de mejorar las condiciones de trabajo y aprendizaje, entre otros componentes.

En 2021, y en el marco de una situación dramática desde el punto de vista sanitario para el país, se ha comenzado a ver los efectos que dichos recortes han ocasionado sobre el sistema educativo: aumento de la cantidad de estudiantes por grupo y estudiantes sin poder inscribirse en tiempo y forma, desempleo o subempleo de amplios sectores docentes, pérdida salarial, falta de funcionariado e insumos para proceder a una adecuada higiene de los centros educativos, imprescindible en el marco de la pandemia, son algunos de esos efectos.

Las perspectivas no son nada alentadoras sino que, por el contrario, la situación tenderá a agravarse, producto de una lógica incremental de los recortes presupuestales que impulsa el gobierno nacional, y avalan las autoridades educativas, para los próximos años.

Educar No Lucrar

Este escenario de reinstalación en el gobierno y de avance de la “utopía reaccionaria” constituye un momento de reflujo para todo el campo popular. Por esto, el movimiento sindical en general, y el educativo en particular, emprendió un conjunto de acciones que permitiesen encontrar las formas políticas organizativas que permitan enfrentar este programa de ajuste del capital sobre el trabajo.

En su forma, se expresa en la constitución de un amplio bloque político-social, articulado en torno al movimiento sindical, el movimiento estudiantil, el movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua, el movimiento feminista, organizaciones ambientalistas y de Derechos Humanos, colectivos y variadas organizaciones sociales, entre otras, junto a organizaciones político partidaria de izquierda y sectores progresistas aún de partidos de la derecha tradicional.

En su contenido, se expresa en la promoción de un Referéndum, mecanismo de democracia directa previsto en la Constitución de la República que busca, mediante la recolección de firmas de un 25% de los ciudadanos habilitados a votar (unas 750 mil firmas), convocar a una consulta obligatoria al conjunto del pueblo uruguayo. El objetivo es revocar 135 artículos de la LUC, de los cuales 34 corresponden a educación.

Las condiciones sanitarias, así como las limitaciones legales que ha promovido el Gobierno a derechos tan elementales como el derecho de reunión, generan condiciones adversas para nuestro accionar. Convencidos que alcanzar nuestros objetivos constituye la “madre de todas las batallas” para esta etapa, como sindicatos de la educación, y en el marco de la Respuesta Global frente a la privatización y el comercio educativo promovida desde la IE, asumiremos la defensa de la educación pública de calidad como un derecho humano fundamental y combatiremos estas tendencias privatizadoras y mercantilizadoras de, y en, la educación.

Esa será nuestra contribución a la Respuesta Global de la IE, la lucha organizada y consciente, junto a nuestro pueblo.