Corea: la IE denuncia el sistema discriminatorio de registro de la propiedad para los docentes
La Korean Federation of Teachers Association (KFTA), organización miembro de la Internacional de la Educación, ha denunciado los intentos del Gobierno coreano de imponer nuevas medidas que obligarían a los docentes y las docentes, y a otros funcionarios y funcionarias públicos, a registrar ante las autoridades sus propiedades, así como las de sus cónyuges, padres, madres y descendientes de primera y segunda generación.
Estas medidas no solo afectarían a los funcionarios y las funcionarias del Gobierno a nivel político, sino que se aplicarían también a los 1,5 millones de empleados y empleadas públicos, entre ellos los 410.000 docentes de nivel preescolar a universitario. Sobre la base de una solicitud de la KFTA, la IE se puso en contacto con las organizaciones miembros de países de la OCDE para averiguar si en alguno de sus países existen requisitos similares. Las nueve organizaciones miembros que han respondido señalan que en su país no se imponen tales requisitos.
En muchos de los países existen requisitos de declaración para los altos funcionarios del Gobierno que ejercen importantes funciones políticas o normativas, o en los casos en que pudieran darse conflictos de interés, pero en ninguno se exige una declaración obligatoria para el profesorado ni para los funcionarios. Las organizaciones miembros de países de la OCDE que han respondido son de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Irlanda, Japón y Bélgica. Además, en Bahréin, pese a todas las vulneraciones de los derechos del personal docente que allí se cometen, no existen requisitos de registro de la propiedad para los docentes y las docentes. Varia organizaciones han expresado su apoyo a la posición de la KFTA.
Para conseguir que el Gobierno reconsidere su posición, la KFTA está instándole a que abandone la propuesta. Está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas, denominada “Llamamiento a todos los miembros para solicitar la retirada del sistema de registro de la propiedad para todos los docentes y funcionarios públicos”, y ha explicado que el personal docente de la educación pública se opone al sistema de registro de la propiedad y que está preparando medidas de seguimiento para asegurarse de que se les escuche.