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El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2021 de la UNESCO (Informe GEM) analiza el papel y la participación de los actores estatales y no estatales en la educación y en el sector educativo en general. Según expone el informe, su objetivo es reflexionar sobre los actores no estatales en la educación "desde el punto de vista de la equidad y la inclusión", dos de los compromisos asumidos por los Gobiernos al adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015.

El informe adopta una definición amplia de los actores no estatales, que abarca a las empresas privadas, las fundaciones filantrópicas, los medios de comunicación, los investigadores, los grupos de reflexión, los padres y las madres, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, los sindicatos y las organizaciones religiosas, e introduce los debates emergentes en torno al papel de los actores no estatales en los sectores educativos, centrándose en cuatro elementos: la provisión, la regulación, la financiación y la influencia.

La Internacional de la Educación aboga por una educación gratuita, de calidad y financiada con fondos públicos para todos los estudiantes de todos los países, reconoce la educación como un derecho humano y considera que la educación es un bien público. Por tanto, estamos de acuerdo con la premisa básica del Informe GEM de este año de que cualquier beneficio que pueda aprovecharse de las contribuciones de los actores no estatales en la educación no debe producirse "a costa de una mayor desigualdad"; y que la participación de los actores no estatales en la educación "no debería diluir las responsabilidades del Gobierno a la hora de garantizar el derecho a la educación". Asimismo, estamos de acuerdo con la afirmación del informe de que un factor clave a tener en cuenta es la medida en que los actores no estatales avanzan u "obstaculizan los esfuerzos para garantizar la equidad y la inclusión en la educación".

Los actores no estatales en la educación: una tendencia creciente

El informe concluye que el apoyo a la provisión pública de la educación sigue siendo sólido: en una evaluación de la situación actual en 35 países de ingresos altos y medios, "el 89 % de los adultos encuestados indicó que la responsabilidad principal de la provisión educativa recaía en los Gobiernos" y "el 75 % de los encuestados se mostró a favor de un mayor gasto público en educación". El apoyo al gasto público en educación aumentaba en los países con mayores niveles de desigualdad salarial. Sin embargo, a pesar de este apoyo público, el informe considera que el papel de los actores no estatales en la educación está aumentando, con importantes variaciones regionales: Asia central y meridional han experimentado la proporción más elevada de matriculaciones en centros privados en primaria y secundaria, así como los mayores incrementos absolutos desde el año 2000. Al mismo tiempo, los presupuestos de educación pública se han reducido, una tendencia exacerbada por la pandemia de COVID-19 y el paso a la educación en línea en muchos países. A día de hoy, los actores no estatales proporcionan educación a 350 millones de niños y niñas en todo el mundo.

Los actores no estatales también participan cada vez más en otros ámbitos de la oferta educativa, como el suministro de libros de texto, la elaboración de planes de estudio, los sistemas de evaluación, el transporte o los servicios de comidas. El informe señala este aumento particularmente en la educación de la primera infancia, de adultos y superior, así como en la educación y formación técnica y profesional (EFTP); en estos sectores hay presentes actores no estatales "a veces a costa de la equidad y la calidad". En primaria y secundaria se ha producido un aumento del 7 % en la provisión de educación por parte de actores no estatales en el transcurso de diez años: hasta el 17 % en primaria en 2014 y hasta el 26 % en secundaria en 2014.

A escala mundial, los actores no estatales encabezan los servicios de cuidado y educación de los niños y niñas menores de 3 años en establecimientos privados, muchos de los cuales son instituciones con fines de lucro. Desde el inicio de la década del 2000, el número de proveedores privados en preescolar ha aumentado significativamente en algunas regiones y ha disminuido en otras. En general, entre el año 2000 y el 2019 se produjo un aumento del 28,5 % al 37 % en el total de matriculaciones en la educación preescolar en establecimientos privados. A medida que aumenta el número de este tipo de instituciones, también son más los hogares pobres incapaces de costear la educación de sus hijos e hijas en la etapa de la primera infancia. Además, la calidad de la EPI proporcionada por los actores no estatales es "muy variable", y muy pocos países de ingresos bajos y medios están en condiciones de aplicar procedimientos de garantía de calidad "que vayan más allá de los requisitos administrativos".

En cuanto a la educación superior, el informe señala que casi todos los países garantizan la provisión de este nivel educativo a través de una combinación de actores estatales y no estatales. Ello se debe a las demandas de la sociedad, que van desde la preferencia por instituciones religiosas o elegidas en función de la cultura, de las cuales se considera que proporcionan una educación "diferente", hasta las instituciones de élite preferidas por las personas pudientes, y las instituciones aconfesionales más pequeñas que satisfacen la creciente demanda de educación superior en contextos donde se están reduciendo los presupuestos públicos.

La calidad se ve comprometida en el nivel superior, donde la "orientación hacia los beneficios" de los actores no estatales puede llegar a exacerbar los problemas relacionados con la concentración del mercado y la priorización de los beneficios sobre la alta calidad académica. En los países de ingresos medios-altos, el hecho de que en la matriculación total se observe una mayor proporción de actores no estatales se asocia a una mayor desigualdad en la asistencia. El informe sugiere que suelen faltar recursos para acreditar y supervisar las instituciones de educación superior no estatales, y que las normativas que promueven la equidad tienden a ser más escasas que las normas administrativas. Además, las familias tienen que asumir una mayor parte de la financiación de la educación superior porque, en su mayoría, las instituciones no estatales —especialmente las más pequeñas y no de élite— dependen en gran medida de las cuotas del alumnado para su financiación. Las conclusiones del informe reflejan las del estudio reciente de la Internacional de la Educación sobre la comercialización y la privatización de la educación superior en el contexto de la COVID-19, en el que se destacaba cómo los actores privados trataban de introducir cambios sectoriales persistentes a través de una mayor participación e influencia de las empresas de tecnologías educativas en la provisión de educación superior, aprovechando el rápido paso al aprendizaje en línea cuando las instituciones educativas cerraron.

La educación sigue necesitando con urgencia una financiación mayor y mejor

El informe destaca la financiación adecuada como una de las medidas clave a través de las cuales los Gobiernos pueden proteger de forma más eficaz y satisfacer universalmente el derecho a la educación, teniendo en cuenta la promesa del ODS4 de proporcionar un año de EPI y un ciclo de doce años de educación gratuita y financiada con fondos públicos. En 2019, el estudio de la IE que evalúa el progreso hacia el ODS4 concluyó que el principal obstáculo para que los Gobiernos puedan cumplir esta promesa es el hecho de que los presupuestos nacionales de educación siguen siendo insuficientes y los presupuestos de ayuda dejan de lado el sector educativo. El Informe GEM señala que uno de cada tres países asigna a la educación menos del 4 % del PIB y el 15 % de su gasto total. "Los datos recogidos por el IEU en 71 países sugieren que la asignación media del gasto total a la educación disminuyó del 14,1 % en 2019 al 13,5 % en 2021". Por tanto, existen enormes diferencias entre los compromisos asumidos por los Gobiernos en materia de educación y la realidad; y estas diferencias son las que pueden provocar que aparezcan y proliferen los actores no estatales, muchos de ellos en busca de lucrativas oportunidades de negocio.

La regulación de los actores no estatales en la educación es fundamental

El informe destaca la falta de gobernanza y regulación de los actores no estatales por parte de los Gobiernos, y señala que: "La fragmentación, la falta de coordinación y el solapamiento o la falta de claridad en la articulación de las responsabilidades pueden influir negativamente en la equidad y la calidad". Por tanto, el informe insta a los Gobiernos a que "responsabilicen a los proveedores de educación del cumplimiento de las normas relacionadas con la calidad, los determinantes del rendimiento académico, la seguridad y la inclusión".

La IE respalda el llamamiento del informe para que los marcos normativos y jurídicos se desarrollen de forma "participativa, transparente y equitativa a través de la coordinación, la colaboración y la cooperación". Los actores no estatales no regulados y no supervisados han creado un entorno con resultados de aprendizaje mixtos y han incrementado la segregación y la desigualdad social. Tal como señala el informe, todo esto también plantea retos específicos para el personal docente de los centros educativos privados, como los contratos inestables y los salarios más bajos. La externalización de la educación a actores no estatales puede socavar la profesionalidad y mermar el estatus de la profesión, en particular para el profesorado y el personal de apoyo educativo. Además, la externalización de la formación y el desarrollo profesional docente a proveedores privados también puede afectar a la calidad de la educación.

El informe señala el impacto negativo en las condiciones de trabajo del personal docente de los centros educativos privados, como se puso de manifiesto durante la pandemia de COVID-19, cuando se recortaron los salarios o incluso se rescindieron los contratos de muchos docentes de establecimientos educativos privados. La Internacional de la Educación respalda el llamamiento para que "se valore al personal docente como profesionales en todos los establecimientos educativos" y para que se protejan sus derechos laborales.

Más que una cuestión de elección: la educación es un derecho humano

La Internacional de la Educación está preocupada por el creciente número de actores no estatales y el papel cada vez más prominente que desempeñan en la educación. Aunque el Informe GEM analiza a los actores no estatales de la educación desde el "punto de vista de la equidad y la inclusión", afirmaciones como: "la educación financiada con fondos públicos no tiene por qué ser pública" o "la educación también es un bien privado" no parecen compatibles con un enfoque coherente de derechos humanos en materia de educación. Es preocupante ver que la educación puede ser a la vez un bien público y privado, cuando este último depende de la comercialización del sector basada en los beneficios. Por lo tanto, apoyamos firmemente la recomendación del informe de que: "Regular o prohibir la finalidad lucrativa puede servir para hacer frente a las políticas de elección de centro escolar que agravan la desigualdad".

Asimismo, la IE está de acuerdo con la siguiente afirmación del informe: "La cuestión para los responsables políticos no es solo si la participación no estatal en la educación satisface las normas de calidad acordadas, sino también cómo los actores no estatales favorecen u obstaculizan los esfuerzos para garantizar la equidad y la inclusión en la educación". No parece que los Gobiernos, los actores no estatales y todas las partes interesadas en la educación compartan un mismo concepto de lo que significa "equidad" e "inclusión" en la educación. Por lo tanto, es fundamental preguntarse también: ¿quién define lo que es equitativo y/o inclusivo en materia de educación? ¿Cómo se supervisarán y evaluarán los progresos y quién será el responsable de dicha supervisión y evaluación?

La Internacional de la Educación, como federación mundial de organizaciones representativas del personal docente y del personal de apoyo educativo, sigue convencida de la necesidad de que los Gobiernos aumenten la inversión en la educación y en el personal educativo con carácter urgente. La pandemia de COVID-19 nos está mostrando lo que corre peligro cuando los sistemas educativos no se financian de manera que sean lo suficientemente sólidos como para soportar perturbaciones y crisis: el derecho a una educación de calidad financiada públicamente y gratuita se está convirtiendo en una quimera para millones de niños, niñas y jóvenes de todo el mundo. Además de invertir la tendencia hacia la reducción de los presupuestos educativos, los Gobiernos deben evaluar y abordar las desigualdades preexistentes específicas de cada contexto que afectan al alumnado y al personal educativo y que, además, se han visto exacerbadas por la pandemia. Ya es hora de abordar las deficiencias estructurales y las vulnerabilidades del sector educativo y de construir sistemas educativos que sean más equitativos, inclusivos y resistentes, ahora y en el futuro.