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Por Mário Nogueira, Secretario General de FENPROF Federação Nacional dos Professores  (Portugal)

Portugal es un país donde predominan las escuelas públicas. Estas escuelas brindan respuestas de calidad en contextos bien diferenciados, que se reflejan de formas muy diversas.

En algunos casos, potenciando el aprendizaje de alumnos que consiguen excelentes resultados escolares. En otros –principalmente en las regiones con mayores dificultades económicas, sociales y culturales–, a pesar de que el éxito de las escuelas públicas no se refleja de manera evidente en los resultados escolares, sí tiene una gran repercusión en el aprendizaje del alumnado en el ámbito social.

Si bien es cierto que, para la mayoría de este alumnado, el aprendizaje escolar suele ser menos profundo, sus progresos en el contexto social son muy notables. Este éxito de la educación pública en Portugal, a pesar de las dificultades a las que se enfrenta, se debe al hecho de que es capaz de ofrecer una respuesta integradora, a menudo inclusiva, en buena parte debido a la calidad del trabajo del personal docente y a la atención que presta al alumnado.

Como contraste a esta respuesta integradora y centrada en la inclusión, tenemos la que ofrecen los distintos colegios privados. Algunos de ellos, de naturaleza selectiva, escogen a su alumnado y rechazan a aquellos que presentan algún tipo de necesidad especial, ya sea como consecuencia de alguna discapacidad, algún problema conductual o por cualquier otro motivo. Otros se organizan para sonsacarle el dinero al Estado bajo el pretexto de que, a pesar de ser privadas, dan una respuesta a una necesidad de carácter público.

La Constitución de la República Portuguesa obliga al Estado a garantizar una red de escuelas públicas que satisfaga las necesidades de toda la población. Evidentemente, reconoce la enseñanza privada y le otorga un estatuto complementario, bien porque asume un carácter suplementario en regiones donde hay una provisión insuficiente de educación pública, en cuyo caso la educación privada se garantiza mediante  la financiación pública, bien porque responde a la elección de las familias, en cuyo caso son estas las que acarrean con los gastos inherentes a su elección. Sin embargo, la libertad de elección de algunos no debería obligar al resto a soportar los gastos suplementarios.

Lo que ocurrió, principalmente en la última década del siglo XX y en los primeros 15 años del siglo XXI, fue que los empresarios del sector de la educación ejercieron una fuerte presión sobre los gobernantes y los políticos influyentes, algunos de ellos vinculados con los propios colegios privados al formar parte de alguno de sus órganos sociales, y consiguieron que se les concediera una financiación pública que ascendía a muchos millones de euros al año, incluso en los casos en que los colegios privados competían directamente con las escuelas públicas, a veces situados en la misma calle, unos en frente de los otros.

Para atraer estudiantes, muchos de estos colegios privados desarrollaron verdaderas campañas de difamación de las escuelas públicas, así como estrategias, en algunos casos ilegales, con el objetivo de vaciar las escuelas públicas y seguir alimentando su negocio.

Ante esta situación, las denuncias sobre las prácticas ilegales de estos colegios privados y sobre los favores que, aparentemente, se les concedían, fueron aumentando.

A raíz de ello, FENPROF asumió un papel destacado entre la opinión pública a través de los medios de comunicación. FENPROF llamó la atención sobre el rápido enriquecimiento de muchos de los proveedores privados y sobre el incumplimiento de las normas y convenios más básicos vigentes: por ejemplo, pagar a sus docentes menos del mínimo estipulado, obligándoles a trabajar muchas más horas que las estipuladas por ley, negarle a sus trabajadores los derechos más básicos y cobrar unas tasas ilegales a las familias, puesto que el Estado ya financiaba los gastos de los alumnos que acudían a estos colegios.

Algunas de las prácticas ilegales de estos establecimientos fueron objeto de investigación por parte de la Inspección General de Educación y desembocaron en numerosas acciones disciplinarias. Dado que algunas de estas prácticas constituían un delito, varios colegios fueron objeto de investigación por parte del Ministerio Fiscal, y actualmente se espera que los procesos correspondientes sean presentados ante el tribunal.

A lo largo de los años, muchos empresarios del sector crearon verdaderos imperios privados con fondos públicos. Por ejemplo, hay un grupo empresarial que ya integra más de 30 colegios, una escuela universitaria y varias escuelas profesionales, a las que se les asocian negocios en otras áreas aparentemente afines, como transportes o viviendas, negocios que, muchas veces, presentan vínculos poco claros con la educación.

Tantas fueron las denuncias que una cadena de televisión portuguesa decidió llevar a cabo una investigación exhaustiva y lo que se temía terminó por hacerse público: en un programa de gran audiencia y que contó con el apoyo de numerosos docentes, entre los cuales se encontraban algunos dirigentes de FENPROF, la periodista portuguesa Ana Leal denunció situaciones increíbles, de un gran y rápido enriquecimiento de los empresarios implicados, de un uso indebido de los fondos públicos y de incumplimiento de varias normas por prácticas irregulares (haga clic en la imagen de abajo).

No obstante, fue el cambio político que tuvo lugar en Portugal a finales de 2015, lo que finalmente impulsó los recortes en la financiación pública a los colegios privados, siempre que operasen en áreas servidas por escuelas públicas. Como era de esperar, los propietarios de estos colegios privados reaccionaron organizando manifestaciones contra los recortes e incluso insultaron y amenazaron a gobernantes, a diputados de partidos de izquierda y a dirigentes sindicales.

Con vistas a luchar contra la reacción de los colegios privados y apoyar la decisión política que para entonces ya se había adoptado, FENPROF llevó a cabo varias iniciativas y se puso en contacto con asociaciones de padres y madres, asociaciones de estudiantes y otras organizaciones de carácter cultural, político y deportivo, así como con artistas, atletas, deportistas, políticos, pedagogos y dirigentes del sector asociativo y dirigentes sindicales de los distintos sectores laborales, entre muchos otros.

Se promovieron numerosas iniciativas, como tribunales públicos, iniciativas en la calle y una campaña en la que, durante mes, una caravana recorrió todo el país acompañada, en las principales ciudades, de la presentación por parte del alumnado y del profesorado de las iniciativas de sus escuelas, además de la mayor manifestación protagonizada en Portugal en defensa de la educación pública.

Se celebró el 18 de junio de 2016 en Lisboa y reunió a más de 80 000 personas en favor de la educación pública.

  Este evento constituyó una importante demostración de apoyo a la educación pública en la que participaron, no solo los organizadores, sino también miles de ciudadanos anónimos que quisieron dejar su testimonio y manifestar su apoyo a la educación pública portuguesa, un bien social de una enorme importancia para todo el país.

Evidentemente, la defensa de la educación pública es mucho más que retirar la financiación pública a los colegios privados. Defender la educación pública también implica reforzar las escuelas públicas los con recursos que necesitan: recursos financieros, humanos y materiales. Pero ese será otro capítulo de la historia.

Obtenga más información sobre la campaña en defensa de la educación pública en Portugal en el sitio web de FENPROF haciendo clic aquí

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