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América Latina, la región del mundo más desigual, con uno de los mayores índices de concentración de la riqueza y su contracara la pobreza y marginación de la mayoría de su población, suma también una desigual distribución de los ingresos, ya sea de forma directa a través de salario o pasividades, así como de forma indirecta a través de la escasa inversión en el gasto social público por parte de los estados.

A esto, debemos agregar que en la región los presupuestos estatales en políticas públicas que garantizan derechos (educación, salud, vivienda, entre otras) están sujetas a ciclos económicos, por lo que ante cualquier signo negativo en la economía la primera reacción es a reducir los presupuestos en estas áreas, lo cual claramente repercute en forma negativa en garantizar derechos.

Por otro lado, esta región es donde más ha avanzado el proceso de mercantilización y privatización de la educación. Evidencias sustantivas surgidas a partir de investigaciones llevadas a cabo por la IE, en el marco de la Campaña de Respuesta Global frente a la privatización educativa, dan cuenta de ello. La disputa por los fondos públicos destinados a la educación por parte del sector privado, motivado por el lucro, es otro elemento importante a considerar.

La lucha por el financiamiento de la educación, pública y estatal, ha sido incorporada sistemáticamente por parte de las organizaciones sindicales educativas. Hacia fines del siglo XX y primera década del siglo XXI, en el marco de los gobiernos populares, democráticos y progresistas, varios países de la región vieron crecer sus presupuestos educativos, expresión política de programas de gobierno que tenían como objetivo expandir y hacer realidad el derecho a la educación, asumiéndolo como responsabilidad del Estado.

Uruguay no fue una excepción en este proceso, aunque rezagado con respecto a otros países, pasó de una inversión en la educación pública, que concentra el 84% de la matrícula en todos sus niveles, del 2,7 % del PBI en 2005 al 4,9 % del PBI en 2019. Ello, a pesar de un contexto de fuerte ataque a la educación pública, promovida por los think-thank pro mercado educativo y amplificado por los medios masivos de comunicación.

A partir de marzo de 2020, con la instalación de un gobierno de coalición de derecha y extrema derecha en nuestro país, cuya base ideológica es neoliberal y conservadora, se ha promovido un recorte presupuestal de 0,6 % del PBI (unos U$S 150 millones); cambios institucionales que ha concentrado y privatizado la construcción de la política educativa pública; una transformación educativa bajo los mandatos del Banco Mundial, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo; y un sistemático ataque mediático y persecución judicial a los docentes, sus organizaciones y dirigentes.

En este contexto, desde la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) hemos venido desarrollando una intensa campaña que busca frenar el recorte presupuestal y exigir una mayor inversión; evidenciar y denunciar el proceso de mercantilización y privatización de la educación; denunciar los objetivos de la transformación educativa promovida por la actual administración que atenta contra la calidad de la formación de las futuras generaciones, en especial el acceso democrático al conocimiento; y el ataque a los docentes, sus condiciones de trabajo y desarrollo profesional y su exclusión de la elaboración de la política educativa pública.

Hemos apelado a campañas de información y denuncia mediante pautas no tradicionales en actividades culturales como el carnaval y festivales musicales; en actividades deportivas como el fútbol y el ciclismo; realización y difusión de investigaciones cuyas evidencias dan cuenta de los procesos de mercantilización y privatización; impresión y distribución de materiales gráficos destinados a estudiantes y familias.

Se han desarrollado actividades de formación para los docentes; conversatorios abiertos con trabajadores de distintos sectores, familia y estudiantes; campaña de comunicación en radio y televisión; una intensa campaña a través de las redes sociales; así como la realización de un congreso pedagógico del cual surgen un conjunto de propuestas a impulsar por el sindicato.

Esto ha permitido perforar el blindaje mediático con el que cuenta el gobierno y su programa de reformas, llegar a una buena parte de nuestra sociedad que se viene manifestando a favor de la perspectiva sindical, evitando con ello el aislamiento de nuestra organización que se ha transformado en un interlocutor válido a nivel social en el marco del debate educativo y en la promoción de un movimiento en defensa de la educación pública.

El desarrollo de estas acciones ha sido posible, además, por el aporte y apoyo de la IE en el marco de la Campaña de Respuesta Global frente a la privatización educativa. Es fundamental que, en el futuro inmediato, con la nueva campaña mundial ¡Por la pública! Creamos escuela, se mantengan dichos aportes y apoyos para continuar actuando en la disputa por el sentido de la educación, su financiamiento, en defensa de la profesión docente, y enfrentar la mercantilización y el comercio educativo.