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El Día Mundial del Personal de Apoyo Educativo, que se celebra el 16 de mayo, es una excelente oportunidad para recordar la inestimable contribución de este personal a una educación de calidad. Ejercen numerosas funciones diferentes, desde servicios de ergoterapia, psicopedagogía, educación especializada, refuerzo escolar o informática, hasta conducir autobuses escolares, preparar comidas en los comedores escolares, de institutos y universidades, o impartir educación infantil. No podemos esperar, ni de lejos, que un gobierno que privatice o subcontrate estos servicios esenciales pueda obtener de este personal el mismo nivel de participación y compromiso con la comunidad educativa.

Sin embargo, la privatización y la subcontratación, o externalización, de estos servicios son cuestiones muy en voga. Y son motivo de preocupación. Varios Estados se las plantean para reequilibrar los presupuestos. Esto carece totalmente de sentido, como demuestran numerosos estudios, entre ellos el del Institut de Recherche et d'Informations Socio-Économiques (IRIS) ^[1] , que llega a la conclusión de que la contratación externa de los servicios públicos:

• Suele ser más costosa de lo previsto en un principio;
• No garantiza mejores plazos de ejecución;
• No garantiza una mejor calidad ni eficiencia;
• Conlleva, sin duda alguna, la pérdida de competencias;
• Contribuye a restar transparencia a las actividades gubernamentales

Además, la privatización y la subcontratación dan lugar a salarios más bajos, malas condiciones laborales y un aumento de la desigualdad.

Los efectos de la privatización y la subcontratación

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) cuenta con nueve federaciones en la red educativa que representan al personal profesional, docente y de apoyo desde la primera infancia hasta la universidad. Todas ellas han recopilado ejemplos concretos de privatización y subcontratación, así como información sobre sus efectos.

Sector de la enseñanza primaria y secundaria

Los años de fuertes recortes presupuestarios en Quebec en la década de 2010 casi han normalizado el recurso a servicios externos para realizar el trabajo que normalmente debería hacer el personal de apoyo educativo. Este tipo de práctica ha debilitado enormemente el sistema escolar público y ha tenido consecuencias nefastas para el alumnado, el personal y las instituciones educativas, las cuales no han visto necesariamente los ahorros esperados.

El acceso desigual a los servicios profesionales y de apoyo al alumnado, la pérdida de coherencia en las acciones destinadas a prestarles apoyo, la falta de estabilidad y sostenibilidad de los servicios ofrecidos, la fragmentación del equipo escolar son algunos de los efectos enumerados. No cabe duda alguna de que estos efectos tienen consecuencias negativas para el personal de apoyo educativo, en particular en lo que respecta a la construcción de su identidad profesional y la colaboración del personal entre las diferentes categorías.

Para los sindicatos, las unidades de acreditación, es decir, la capacidad de los sindicatos para representar al conjunto de personas asalariadas de una unidad de negociación, se ven socavadas por el recurso a trabajadoras y trabajadores externos del sector privado, o de diversos organismos.

Enseñanza superior

El sector de la enseñanza superior no es inmune a los fenómenos de privatización y subcontratación. Los sistemas educativos responden cada vez más a los imperativos del crecimiento económico para hacer de la enseñanza y la investigación recursos consumibles y capitalizables. Lamentablemente, la filosofía empresarial preconiza que las instituciones de enseñanza superior sean ‘autosuficientes’ en cuanto a sus ingresos, lo que permite a los gobiernos justificar recortes de financiación que propician la desnaturalización de los sistemas públicos de enseñanza superior.

Educación de la primera infancia

El sector de la educación de la primera infancia se ha visto afectado por una importante oleada de privatización, que comenzó en torno a los años 2008-2009, cuando el Gobierno del Partido Liberal de Quebec mejoró los créditos fiscales para el cuidado de niños y niñas en el sector privado, cosa que se cristalizó en 2015, cuando el Gobierno introdujo las tarifas de cuidado infantil basadas en los ingresos. Anteriormente, las tarifas de guardería eran de 5 dólares canadienses al día por niño o niña (unos 3,5 euros). A esta situación se sumaron las medidas de austeridad que afectaron gravemente a los servicios educativos para la primera infancia regulados ^[2] y subvencionados.

Por ejemplo, el número de plazas en guarderías privadas no subvencionadas se ha disparado literalmente de 2009 a 2018, con un aumento del 867%. Mientras tanto, en el sistema público, el desarrollo del número de plazas en centros educativos para la primera infancia (CPI) solo ha aumentado un 9%, y las plazas en guarderías en entorno familiar reguladas y subvencionadas han aumentado solamente un 4%.

La privatización de los servicios de guarderías infantiles ha tenido un efecto sobre la calidad general de los servicios ofrecidos en Quebec. La documentación sobre la primera infancia es bastante clara a este respecto, la calidad de los servicios que se ofrecen es notablemente superior en los centros públicos de educación de la primera infancia que en las guarderías privadas, y el número de quejas es cuatro veces inferior en el sistema público que en el sector privado.

Las luchas sindicales deben continuar

El recurso a la privatización y a la subcontratación debilita los servicios públicos y conduce inexorablemente a una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía. Es importante contrarrestar estas prácticas protegiendo la imagen de nuestros servicios públicos.

Para contrarrestar este fenómeno, los sindicatos deben poner en marcha campañas públicas que promuevan los beneficios concretos y los valores democráticos que sustentan los servicios públicos, contrarrestando así el discurso hegemónico que afirma que el sector privado lo hace mejor, que la subcontratación es un mal menor, y que el sector público no funciona bien.

En este sentido, la pandemia de COVID-19 recordó de forma contundente la importancia de poder contar con sistemas públicos que funcionen adecuadamente, como la única forma de articular una respuesta eficaz y equitativa para toda la población.

Estas luchas de la CSQ contra la privatización y la subcontratación son parte de la campaña mundial dirigida por la Internacional de la Educación: ¡Por la pública! Creamos escuela. Es de esencial importancia que los sindicatos de la educación de todo el mundo unan sus fuerzas para construir una educación pública inclusiva y de calidad para todos y todas. Debemos movilizarnos para garantizar que los sistemas educativos públicos reciban una financiación adecuada y no sean objeto de recortes presupuestarios, medidas de austeridad ni privatización.