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Cuando me pidieron que redactara un artículo sobre equidad, diversidad e inclusión para el Grupo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Profesión Docente acepté sin dudarlo porque estoy convencida de que el acceso equitativo a la profesión docente (tanto de quienes trabajan en las aulas como en los distintos niveles del sistema) es indispensable para lograr una educación de calidad para todas las personas. La intencionalidad del personal docente acerca de la equidad, la inclusión y la diversidad resulta esencial para la comunidad profesional en su conjunto, así como para instilar la "inclusión y diversidad" a la sociedad en general y, en particular, al alumnado y al propio personal docente.

Contar con un profesorado inclusivo y representativo tendrá efectos positivos en las aspiraciones del alumnado y en su sentimiento de identidad –algo trascendental, porque los alumnos y alumnas que experimentan una falta de representación o la invisibilidad de su identidad en la sociedad y en la dirección de las escuelas corren el riesgo de tener un sentimiento de no pertenencia, de ser invisibles o marginales y, por tanto, de desvincularse cada vez más–. Un personal docente procedente de grupos marginados o minoritarios es más propenso a infundir su confianza profesional y a participar en una fuerza laboral equitativa y representativa en la que se sientan visibilizados y escuchados.

¿Qué se entiende por "diversidad" y por qué es importante? La diversidad incluye diversas dimensiones, como la discapacidad, el género (y la fluidez de la identidad de género), la lengua, la raza, la etnia, la cultura (incluidas las prácticas religiosas) y la clase (o riqueza relativa). Las formas de exclusión –o de marginación insidiosa– que provoca cualquiera de ellas pueden excluir a estudiantes y docentes de una participación significativa en la educación y limitar así la plena realización de nuestro potencial individual y colectivo. Cuando excluimos o restringimos la participación de alguien sobre la base de cualquiera de ellas, no sólo limitamos los derechos de los demás, estamos, al mismo tiempo, sufriendo una pérdida, porque la diversidad supone un activo de la sociedad que nos enriquece a todos y a todas, y constituye una oportunidad sin igual para el aprendizaje.

En muchas sociedades, la migración interna o transfronteriza está contribuyendo a transformaciones aceleradas de carácter racial, étnico, lingüístico, de clase, religioso, cultural y de las actitudes y prácticas respecto al género. Todo cambio, o combinación de cambios, puede alterar las distribuciones de poder existentes y dar lugar a un aumento de los niveles de prejuicio y discriminación, perturbando la cohesión social y contribuyendo a la inestabilidad social y al debilitamiento de los lazos sociales. Resulta indispensable que los sistemas educativos respondan a estos cambios demográficos y a sus nuevos retos para lograr la diversidad y la inclusión del alumnado. Deben tomarse medidas intencionales, provistas de la inversión adecuada, de formación profesional y apoyo al personal docente para que este pueda afrontar las consecuencias educativas y sociales de los cambios demográficos.

A veces la exclusión es explícita y fácil de reconocer en las normas y formas institucionales, pero a menudo resulta menos visible y requiere la determinación de reconocer e identificar las exclusiones resultantes de prejuicios no reconocidos. En todas las sociedades, por diversas que sean, todos somos producto de ventajas o desventajas estructurales y sistémicas, y cargamos con los beneficios o las consecuencias negativas de estas en forma de suposiciones, estereotipos y prejuicios no cuestionados, que tienen su origen en nuestro privilegio y desigualdad relativos.

En mi opinión, sea cual sea nuestro privilegio relativo, como docentes debemos comprometernos a reflexionar durante toda la vida acerca de nuestras propias actitudes y suposiciones, y a buscar las oportunidades de comprenderlas mejor. Esta responsabilidad reviste especial importancia para nuestra profesión debido a que nuestra influencia en cada persona es inmensa, y nuestro impacto colectivo en la sociedad, inigualable. El desarrollo profesional continuo en materia de diversidad, inclusión y equidad resulta fundamental para el cumplimiento de nuestro propósito moral y profesional. Desde el punto de vista profesional, la labor del profesorado se basa en principios relacionados con "la obligación de cuidar" a todo el alumnado. Cualquiera que sea el grado de contestación o aceptación de estas cuestiones en cada sociedad, los y las docentes deben mantenerse alerta para garantizar que ningún niño o niña acabe perjudicada por no haber previsto y adoptado medidas para garantizar que no se produzcan actos de discriminación intencionada o por descuido, o de marginación sistemática de las personas o de su identidad.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4) responsabiliza a todos y todas de "garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas". El personal docente sirve de vehículo a través del cual se hará realidad este compromiso político educativo. Es el criterio profesional de los y las docentes –al mediar e interpretar los objetivos y las directrices en interacción con las dinámicas y complejas necesidades del alumnado, en el marco de sus diversas circunstancias materiales y sociales– lo que dará vida al ODS 4. El ejercicio de este juicio en el marco de una orientación profesional y moral hacia la justicia social impulsa nuestra práctica y aprendizaje colectivos. El ODS 4 no se alcanzará sin que personal docente interceda en sus intenciones políticas.

Pero el profesorado no puede lograrlo por sí solo. La reflexión y el aprendizaje profundos y a lo largo de toda la carrera profesional –partiendo desde la formación inicial docente– sobre la inclusión, la equidad y el logro de la diversidad en la fuerza laboral y en la práctica del aula deben estar impulsados por docentes, que deben tener la oportunidad de compartir su aprendizaje. Esto puede hacerse a través de organizaciones dirigidas por docentes y de oportunidades ofrecidas por los empleadores.

Dado que lo que puede lograrse en las aulas y en las escuelas debería idealmente contar con el apoyo de las familias y de la comunidad, este cometido del profesorado y de las escuelas debe ampliarse hasta convertirse en un propósito común de las comunidades y de la sociedad, de modo que, en la mayor medida posible, los esfuerzos se complementen con el compromiso de las familias y de la sociedad.

El apoyo de los Gobiernos al ODS 4 conlleva la responsabilidad de trabajar activamente para lograr la equidad, la diversidad y la inclusión en la fuerza laboral, es decir, la necesidad de identificar las barreras institucionales (implícitas y explícitas) que impiden a los grupos marginados y vulnerables entrar y permanecer, o ser promovidos, en el cuerpo docente; el desarrollo de políticas, que cuenten con los recursos adecuados, seguidas de planes de acción claros y con plazos definidos para la implementación de medidas que permitan superar las mencionadas barreras; y el seguimiento y elaboración de informes sobre los progresos y resultados, de modo que se tomen medidas correctivas cuando no se logre el avance esperado.

La profesión docente organizada es una aliada de peso para los Gobiernos a la hora de apoyar estas acciones y, como parte de la sociedad civil, debe exigir a los Gobiernos que rindan cuentas de los avances en la consecución de una educación de calidad inclusiva y equitativa, a través de una fuerza laboral docente inclusiva y diversa, sin la cual no podremos hacer realidad la equidad educativa.