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Gracias a mi experiencia docente en el sector, puedo atestiguar el potencial transformador de la educación de la primera infancia (EPI) cuando es de calidad. La EPI va mucho más allá de aprender las letras o los números. Los juegos y el disfrute de la naturaleza al aire libre resultan igual de importantes durante la infancia, ya que fomentan la creatividad y crean una base sólida para la formación integral. Además, la EPI es el pilar para desarrollar las habilidades cognitivas, socioemocionales y psicomotoras que abonan el terreno para el éxito académico y en la sociedad.

La educación es un derecho humano y un bien público y, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las niñas y los niños tienen derecho a una educación de calidad. Las partes asistentes a la Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) celebrada en 2022 ratificaron que el acceso a una EPI inclusiva y de calidad facilita el bienestar y el desarrollo integral; promueve el aprendizaje durante toda la vida, la igualdad de género, la equidad social y el desarrollo sostenible; y proporciona a todos los niños y las niñas las bases que necesitan para alcanzar su pleno potencial.

Sin embargo, a pesar de la importancia capital de la EPI, el sector sigue sufriendo un grave déficit de financiación en comparación con otros niveles educativos, especialmente en los países de ingresos medios y bajos, lo que dificulta el logro de la meta 4.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) ^[1]. Aunque las recomendaciones para alcanzar esta meta pasan por dedicarle a la EPI el 10 % del presupuesto educativo nacional y el 1 % del PIB, son muchos los países que se quedan lejos de estos parámetros de referencia.

En promedio, la mayoría de los países solo le destina a la EPI el 6,6 % del presupuesto de educación y el 0,43 % del PIB. En regiones como África Central y Occidental, África Oriental y Meridional y Oriente Medio, las partidas gubernamentales para la EPI no llegan al 3 % de su gasto público en educación. En la misma línea, los países de la OCDE invierten en promedio, un poco más del 0,8% del PIB en EPI, con varias excepciones notables que le dedican el 0,5 %: Colombia, Costa Rica, Irlanda, Portugal, Turquía y los Estados Unidos.

El insuficiente financiamiento de la EPI amenaza el acceso equitativo

La financiación pública deficitaria de la EPI ha generado limitaciones de acceso y un aumento de la participación de los actores privados en el sector. De hecho, de los 183 países para los que hay datos disponibles, 120 (66 %) todavía no incluyen en su legislación disposiciones sobre sistemas de EPI obligatorios y gratuitos. Como resultado, solo el 60 % de las niñas y los niños de 3-6 años tiene la posibilidad de participar en programas de EPI, una cifra que es incluso inferior en las regiones que se enfrentan a bajos niveles de ingresos.

A esa situación se suma la creciente presencia de actores privados en el sector de la EPI. Este es el sector educativo con la mayor participación privada, un porcentaje que, además, ha crecido ostensiblemente desde el 28 % de 2000 a un 38 % en 2020. Esta marcada tendencia a la privatización supone una gran amenaza para el acceso equitativo a la EPI. Por ejemplo, la tasa de escolarización de los niños y las niñas de las familias más pobres del África Subsahariana en la educación de la primera infancia es inferior al 10 %. La razón es que estas familias no pueden permitirse pagar los precios que fijan los centros privados, lo que exacerba las desigualdades e impide que sus hijas e hijos desarrollen todo su potencial para disfrutar de un futuro mejor.

Las repercusiones para el personal de la EPI

La proliferación de actores privados también influye en las condiciones de trabajo del personal de la EPI.

El logro de la meta 4.2 de los ODS requiere priorizar la educación de la primera infancia, lo que implica facilitar el acceso a una enseñanza de calidad para todos los niños y las niñas, pero también invertir en profesionales de la educación que cuenten con apoyo y con una buena formación. La correcta cualificación y capacitación del personal mejora la calidad de la EPI lo que, a su vez, influye positivamente en las competencias cognitivas y sociales de la infancia. Sin embargo, la falta de financiación estructural se traduce en la persistencia de varias lacras que afectan al personal de la EPI: las malas condiciones de trabajo, los salarios bajos y el escaso reconocimiento de la profesión. Todos estos factores contribuyen a la alta tasa de rotación del profesorado, que a menudo supera el 40 %, al abandono de docentes y al déficit de personal. Además, el crónico insuficiente financiamiento y sus efectos repercuten desproporcionadamente en las mujeres, que representan el 94 % de la fuerza de trabajo mundial en el ámbito de la EPI.

Es hora de pasar a la acción

Para resolver estos apremiantes retos, los Gobiernos deben cumplir sus obligaciones y dedicar como mínimo un 10 % del presupuesto educativo público y un 1 % del PIB para garantizar el acceso a una EPI de calidad. También deben destinar más fondos a los niños y las niñas que estén en una situación de marginación y vulnerabilidad económica. Por otra parte, según lo recogido en las Directrices de política de la OIT sobre la promoción del trabajo decente para el personal del sector de la educación de la primera infancia, las organizaciones internacionales deben instar a los Gobiernos a aumentar la categoría profesional del personal de la EPI, mejorar sus condiciones de trabajo, evitar la falta de personal, y garantizar que su cualificación, situación y salario sean equiparables a los del profesorado de otros niveles educativos, así como a desarrollar y optimizar los mecanismos regulatorios. Para poner fin a la insuficiente financiación endémica, los Gobiernos deben implantar sistemas impositivos progresivos que les permitan recaudar fondos para financiar la EPI. La Guía de herramientas financieras para la transformación de la educación de ActionAid recoge estrategias muy útiles para lograrlo. Por último, los Gobiernos y las entidades empleadoras deben entablar un diálogo político y social fructífero con los sindicatos que representan al personal de la EPI. También es vital que se publiquen los marcos de evaluación e informes periódicos sobre el uso de los recursos asignados a la EPI para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas a los sindicatos y a la ciudadanía.

Como docente que siente una gran pasión por su trabajo y que ha sido testigo del poder transformador de la EPI, creo que el fomento de estas estrategias mediante marcos políticos mundiales puede abrir el camino para lograr una EPI inclusiva y de calidad para todas las niñas y los niños, sentando las bases de su éxito futuro y promoviendo una sociedad más equitativa.