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La Internacional de la Educación (IE) y sus organizaciones afiliadas reclaman la reforma urgente de la legislación sobre derechos de autoría con el fin de eliminar las barreras a la educación de calidad para todos y todas y de garantizar que el profesorado y el alumnado pueden acceder a los materiales pedagógicos que necesitan.

Las restrictivas leyes de propiedad intelectual vigentes en Sudáfrica y otros muchos países hacen que para el personal educativo resulte muy difícil —y, a veces, incluso ilegal— adaptar materiales para estudiantes con discapacidad, usar contenidos digitales en clase o apostar por descolonizar los planes de estudios.

Ciudad del Cabo acogió del 3 al 6 de febrero la Conferencia sobre Derechos de Autoría e Interés Público, cuya organización contó con el apoyo de la IE. En ella se dieron cita el Sindicato Docente Democrático de Sudáfrica (SADTU), la Organización Nacional de Docentes Profesionales de Sudáfrica (NAPTOSA) y el Sindicato Nacional de Docentes de Kenia (KNUT), todas ellas organizaciones afiliadas a la IE, junto a profesionales de la biblioteconomía, especialistas en derecho, voces académicas, responsables del mundo político y artistas para defender una legislación de derechos de autoría equilibrada y flexible que esté al servicio de la educación y el bien público, no de los intereses empresariales.

Uno de los temas centrales fue la Ley de modificación de los derechos de autor de Sudáfrica (CAB), que lleva años postergada a pesar de su potencial para alinear la legislación sudafricana con las mejores prácticas internacionales.

¿Soy un delincuente por usar esta canción en clase?

En su intervención inaugural, el presidente de la Internacional de la Educación y secretario general del SADTU, Mugwena Maluleke, subrayó la urgente necesidad de descolonizar la educación y de eliminar las trabas que suponen los derechos de autor, que impiden al profesorado prestar una enseñanza inclusiva y de calidad.

Maluleke recordó su infancia en una zona rural de la provincia de Limpopo y que la imposición del inglés, y más tarde en afrikáans, en las aulas les negó a él y a sus compañeros y compañeras el derecho a la educación en su idioma, una de las múltiples estrategias con las que se ha restringido históricamente el acceso al conocimiento en Sudáfrica. Esas mismas barreras sistémicas siguen presentes hoy en forma de derechos de autor que impiden al profesorado consultar y adaptar materiales pedagógicos.

"El derecho a la educación es un derecho humano fundamental. Nuestro personal docente no debería ser criminalizado por esforzarse en ofrecer una educación de calidad a la infancia. Por desgracia, las leyes de propiedad intelectual para usos educativos son con frecuencia demasiado restrictivas y levantan barreras para el profesorado y el derecho a la educación", explicó Maluleke.

El presidente de la IE concluyó su ponencia con una anécdota personal sobre el uso de música en el aula para enseñar matemáticas, preguntándose si se le puede considerar un delincuente por usar una canción en clase y si ese método de enseñanza innovador debería estar prohibido en virtud de los derechos de autor.

El restrictivo sistema de derechos de autoría de Sudáfrica

En muchas de las mesas redondas de la conferencia se escucharon voces que señalaron que Sudáfrica sigue siendo uno de los países más restrictivos del mundo en materia de excepciones a los derechos de autoría para la educación, la investigación y el patrimonio cultural. Tobias Schönwetter, director de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad de Ciudad del Cabo, abrió el debate apuntando que la propuesta de modificación jurídica no introduce cambios radicales, dado que muchos países ya disponen de disposiciones de uso razonable.

"La Ley de modificación de los derechos de autor de Sudáfrica no implica un enfoque revolucionario e innovador sobre la propiedad intelectual. Muchos países ya aplican el principio del uso razonable. Se ha demostrado en incontables ocasiones que equilibra los derechos de los creadores y las creadoras y de los usuarios y las usuarias. No debemos perdernos en discusiones vanas, debemos avanzar", destacó Schönwetter.

Durante la mesa sobre "La constitucionalidad y la urgencia de la Ley de modificación de los derechos de autor en Sudáfrica", la vicepresidenta del SADTU, Faseega Solomons, habló de la frustración del profesorado ante la imposibilidad de acceder a la información debido a un marco jurídico desfasado que prioriza los intereses comerciales.

"El personal docente se siente frustrado por la falta de acceso a la información. Los marcos de derechos de autor actuales priorizan los intereses comerciales sobre las necesidades de la educación pública. Con un sistema más flexible, mejoraría enormemente el acceso a los materiales para el aprendizaje y la enseñanza", arguyó Solomons.

En la misma línea, Hesbon Otieno, del KNUT, incidió en la dimensión global del problema y sostuvo que las leyes de derechos de autoría restrictivas limitan en muchos países la capacidad del profesorado para adaptar contenidos a las necesidades del alumnado.

"Encontramos leyes de propiedad intelectual que restan autonomía al profesorado en todo el mundo, sobre todo en América Latina y África. Estas normas ponen obstáculos para adaptar materiales para el alumnado y ofrecer una educación de calidad", afirmó Otieno.

Descolonizar la educación: acceso y protección del conocimiento africano

La sesión sobre "Los sistemas de conocimiento y la equidad" se centró en la importancia de proteger los saberes indígenas y tradicionales en los debates sobre los derechos de autoría.

Las y los ponentes expresaron su preocupación por la apropiación indebida del patrimonio cultural indígena y cuestionaron quién controla este conocimiento. Resaltaron que los sistemas de conocimiento indígenas y orales son a menudo incompatibles con las leyes occidentales de propiedad intelectual, fundamentalmente porque ese legado no suele estar plasmado en libros y obras que den lugar a la concesión de licencias de acceso. Se señaló que la soberanía del conocimiento indígena es un aspecto clave, que debe garantizarse la preservación de ese saber y que han de implantarse formas de acceder a él que respeten los sistemas nativos de gestión del conocimiento.

Las políticas mundiales de derechos de autoría y la lucha por unas normas justas

Las personas participantes en la mesa sobre la agenda de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) criticaron los lentos avances de las reformas internacionales de las leyes de derechos de autor que podrían beneficiar a la educación, la investigación y las organizaciones de patrimonio cultural. Denunciaron que los monopolios industriales mundiales interfieren a menudo en las reformas nacionales de la propiedad intelectual, impidiendo a los gobiernos aprobar políticas que prioricen el interés público.

Stephen Wyber, director de Políticas y Promoción de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA), apuntó que las excepciones a los derechos de autor para fines educativos siguen siendo opcionales a escala internacional, lo que genera un mosaico de políticas diversas que suelen excluir al profesorado. También mostró su preocupación por los costes sociales derivados de retrasar las reformas de los derechos de autoría en aras de los intereses comerciales: "¿Qué coste tiene la falta de acceso y de uso? Pérdidas en educación, en investigación y en el patrimonio cultural".

El debate abordó además el tema de los derechos de autor en el contexto de las obras y el material formativo generado mediante inteligencia artificial (IA). Las y los ponentes manifestaron que los países del Norte Global ya disponen de leyes de derechos de autor que permiten entrenar modelos de IA; sin embargo, el entrenamiento de la IA en África va por detrás debido a una normativa desfasada que repercute en oportunidades cruciales de innovación e investigación.

Artistas, estudiantes y personas con discapacidades afectados

Las consecuencias del carácter restrictivo de la propiedad intelectual trascienden el aula y llegan a artistas, estudiantes y personas con discapacidades, exacerbando las desigualdades.

La música sudafricana Mercy Pakela relató su experiencia con el control corporativo sobre sus creaciones y explicó que, a pesar de que apoya que el personal docente use su música para enseñar, ella no es la principal beneficiaria de su propio trabajo creativo, ya que los intermediarios de la industria se lucran con sus mayores éxitos.

Claudia Blum, de la organización Blind South Africa, habló de las barreras a las que se enfrentan las personas con deficiencias visuales para acceder a la lectura, lo que merma su capacidad para avanzar en ámbitos como la música, la historia o la ciencia. Así lo expresó:

"Si no hubiera podido acceder a material de lectura como lo hice, no habría podido continuar con mi interés por la música y la historia".

Hema Hariram, de la NAPTOSA, se ocupó de la importancia de enseñar los derechos de autoría, incidiendo en que multitud de estudiantes jóvenes llegan al mercado laboral sin conocer sus derechos, lo que los lleva a firmar contratos que coartan su potencial creativo y económico.

"El alumnado también crea y desarrolla contenidos artísticos y digitales en las aulas y después en su puesto de trabajo. Es imperativo educarles en materia de derechos de autor para evitar que firmen contratos restrictivos", afirmó Hariram.

La IE exige pasar a la acción de inmediato: Sudáfrica debe abrir camino

La Internacional de la Educación y sus afiliadas sudafricanas, el SADTU y la NAPTOSA, instaron al presidente Cyril Ramaphosa a aprobar la Ley de modificación de los derechos de autor sin más dilación.

A pesar de asumir las mejores prácticas a escala mundial y de equilibrar los derechos de las personas creadoras y usuarias, esta ley se ha enfrentado a la encarnizada oposición de los grupos de presión corporativos de las multinacionales. Sin una legislación de uso razonable, el profesorado, el personal investigador y el alumnado de Sudáfrica se ven obligados a actuar en los límites de la legalidad, lo que restringe su acceso al conocimiento y socava la educación de calidad.

Las demandas principales de la IE reflejan la urgente necesidad de contar con un sistema de derechos de autor que proteja el derecho a la educación y empodere al personal docente, en lugar de reducir su capacidad para consultar y usar contenidos en clase. El profesorado debe poder utilizar y adaptar los materiales para ofrecer una educación educativa y de calidad sin miedo a las consecuencias legales. Su voz debe tenerse en cuenta en las reformas de la legislación sobre propiedad intelectual para garantizar que las nuevas políticas se adaptan a las necesidades reales del aula.

Además, la comunidad docente necesita una formación adecuada y recursos para gestionar de forma eficaz las leyes de derechos de autor y aprovechar plenamente los materiales disponibles. A escala mundial, los tratados internacionales de la OMPI son esenciales para impulsar reformas nacionales y proteger la colaboración transfronteriza en materia educativa y de investigación, garantizando la accesibilidad universal del conocimiento.

La defensa de la IE de una legislación justa de los derechos de autoría no acaba aquí. Los debates sobre las tan necesarias reformas del marco jurídico internacional, incluidas las excepciones y limitaciones para fines educativos o de investigación, continuarán durante la próxima reunión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) de la OMPI. Encontrará más información sobre esta reunión  aquí.

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